Desde junio de 2025, una tienda online con doce personas en plantilla está obligada por ley a ser accesible. La misma tienda con ocho personas y menos de dos millones de facturación no lo está: la Ley 11/2023, que traslada a España la Directiva europea de Accesibilidad, exime a las microempresas de servicios.
Para quien intenta comprar en cualquiera de las dos con un lector de pantalla, esa diferencia no existe. El botón de pagar tiene nombre o no lo tiene.
La ley decide a quién se puede sancionar. Tu web decide quién se queda fuera. Este artículo trata de lo segundo: de por qué merece la pena que tu web pueda usarla todo el mundo, te obligue alguien o no.
Una reunión que cambia la conversación
En los proyectos que compartimos con TOTHOM, una entidad dedicada en exclusiva a la accesibilidad digital, hay una reunión que se repite. La conduce una persona de su equipo con discapacidad, a menudo una persona ciega. Abre la web del cliente, delante del cliente, e intenta hacer lo que esa web promete: encontrar un servicio, rellenar un formulario, completar una gestión.
No hace falta explicar nada. El lector de pantalla va anunciando en voz alta lo que encuentra, y la sala escucha su propia web por primera vez. Lo que aparece suele coincidir con lo que miden los estudios: enlaces y botones sin nombre, imágenes sin descripción, campos de formulario que no dicen qué piden.
Hasta ese momento, la accesibilidad era una lista de requisitos en un documento. Después de esa reunión es una persona que quería hacer una gestión y no ha podido. Ningún informe consigue ese efecto.
Fuera de esa sala, la misma escena ocurre sin testigos. Quien no puede terminar la tarea no reclama ni escribe: se va. En tu analítica es una sesión más que se abandona en el formulario.
Mucha más gente de la que imaginas
Solemos pensar en la accesibilidad como un asunto de personas ciegas y lectores de pantalla. Es bastante más amplio.
Cinco maneras de usar una web que casi nunca se tienen en cuenta
Cada una corresponde a personas que quieren hacer lo mismo que el resto: informarse, contratar, comprar.
Quien navega con teclado, por una lesión, por temblor o por movilidad reducida, necesita llegar a todos los enlaces, botones y campos con el tabulador, y ver en todo momento dónde está.
Un lector de pantalla lee lo que el código declara. Si un botón no tiene nombre o una imagen no tiene descripción, para esa persona no existen.
Texto gris claro sobre fondo blanco, letra pequeña, enlaces que solo se distinguen por el color. Es la barrera más extendida y la más barata de evitar.
Un vídeo sin subtítulos ni transcripción deja fuera a las personas sordas, y también a quien lo mira en el metro sin auriculares.
Quien procesa la información de otra manera necesita una estructura clara, textos comprensibles y tiempo suficiente para terminar lo que ha empezado.
En España, 4,38 millones de personas declaran alguna discapacidad, según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia del INE, con datos de 2020. Tres de cada cuatro tienen 55 años o más. La accesibilidad tiene mucho que ver con la edad: con tus clientes dentro de unos años, y contigo.
Lo que se pierde, en cifras
WebAIM, un centro de la Universidad Estatal de Utah especializado en accesibilidad, analiza cada año las páginas de inicio del millón de sitios más visitados del mundo. En 2026 encontró fallos detectables en el 95,9 %, con una media de 56 errores por página. Es peor que el año anterior, después de seis ediciones de mejora lenta. Y solo cuenta lo que una máquina puede detectar.
Sobre las consecuencias, el dato más útil es británico y tiene unos años: la encuesta Click-Away Pound de 2019, de la consultora Freeney Williams. Conviene leerla sabiendo que sus autores se dedican a la accesibilidad y que los participantes se apuntaron por iniciativa propia. Aun así, las proporciones son difíciles de ignorar. El 69 % de los compradores con discapacidad abandona una web que le pone barreras. El 83 % compra solo en sitios que ya sabe que puede usar. Y el 8 % avisa al propietario. No conocemos un estudio equivalente para España.
Eso significa, en términos de negocio, que para una parte de tus clientes potenciales tu tienda no existe. Compran, pero en otro sitio. Y cuando encuentran una web que pueden usar, vuelven a ella.
Hay un efecto añadido. Muchas de las buenas prácticas que ayudan a un lector de pantalla a entender una página (estructura, encabezados, textos alternativos, enlaces con nombre) también ayudan a buscadores y asistentes de IA a interpretar su contenido.
Tres cifras que se mueven en la misma dirección.
95,9 %
de las páginas de inicio más visitadas del mundo tiene fallos de accesibilidad detectables; en 2025 era el 94,8 %
WebAIM Million, 2026
56,1
errores de accesibilidad de media en cada página de inicio; un año antes eran 51
WebAIM Million, 2026
14 %
más personas de seis o más años con discapacidad en España en 2020 que en 2008
INE, EDAD 2020
Cumplir la norma y ser accesible
Las pautas WCAG y la norma europea EN 301 549 dan un marco objetivo y verificable. Sin él no hay forma de saber dónde estás. Pero el objetivo final es que alguien pueda terminar una tarea, y eso un escáner no lo comprueba.
Las herramientas automáticas sirven durante el desarrollo y para vigilar que nada se estropee después. Su alcance tiene un techo. Deque, fabricante de una de las más usadas, calcula que la suya detecta el 57 % de los problemas contados por volumen. Una evaluación del Government Digital Service británico dejó a las mejores entre el 30 % y el 40 %. El resto requiere revisión manual, criterio técnico y pruebas con personas.
Lo decimos con conocimiento de causa. Durante un tiempo instalamos en webs de clientes una de esas capas de software que prometen accesibilidad añadiendo un script. Una auditoría de TOTHOM sobre el ecosistema web de un organismo público con el que trabajamos demostró que, con la capa puesta, las webs seguían sin cumplir. Dejamos de usarla, avisamos a los clientes que la tenían y pasamos a lo que funciona: auditoría manual y corrección del código, el diseño y los contenidos.
Desde el principio o después
Una web que nace accesible cuesta algo más en diseño, experiencia de uso y desarrollo. El sobrecoste es pequeño porque las decisiones se toman una sola vez: el contraste en la paleta, el foco visible en los componentes, las etiquetas en los formularios, la estructura en las plantillas.
Una web ya publicada que no cumple recorre otro camino. Auditoría completa de páginas y contenidos, informe de incidencias, revisión del diseño afectado, corrección de contenidos y documentos, desarrollo, pruebas y una nueva verificación. No tenemos una cifra que podamos generalizar, así que no la damos. En nuestra experiencia, la diferencia se mide en varias veces lo que habría costado hacerlo bien al principio.
Tampoco es gratis mantenerla. Subtitular vídeo, preparar documentos accesibles o adaptar una plataforma con años de historia tiene un coste real. En esos casos lo sensato es priorizar por las tareas que más gente necesita completar.
Y el trabajo no termina con la auditoría. Una web cambia cada semana: un componente nuevo, un PDF, un vídeo, una actualización. Cualquiera de ellos puede introducir una barrera que ayer no estaba. Por eso la accesibilidad tiene que vivir en el proceso, en quien diseña, en quien desarrolla y en quien publica contenidos.
Quien construye no debería ponerse la nota
De ahí viene la forma en que trabajamos con TOTHOM. En los proyectos que compartimos, ellos auditan y certifican. Nosotros adaptamos el diseño y el desarrollo y corregimos lo que la auditoría encuentra. TOTHOM es entidad de inspección acreditada por ENAC en accesibilidad digital, lo que da validez a sus informes ante administraciones y terceros. También han formado a nuestro equipo.
El organismo público que mencionábamos es el ejemplo completo. Su auditoría identificó los incumplimientos. Con ese informe hicimos las adaptaciones y las correcciones en todo el ecosistema, que queda así en condiciones de verificarse de nuevo y certificarse.
La separación tiene un motivo. Si el mismo equipo diseña, desarrolla y evalúa, la tentación de darse por bueno es grande. Nos aplicamos la regla: nuestra propia web está construida con estos criterios y con lo aprendido en esa formación, y creemos que es accesible. Mientras nadie independiente lo compruebe, es una creencia. Por eso vamos a pedir que la auditen.
Tres preguntas antes de darlo por resuelto
Tres preguntas, te obligue la ley o no
Las ordenamos como las ordena el equipo de TOTHOM: personas, cumplimiento y producto.
¿Puede cualquiera completar las tareas principales de tu web: informarse, rellenar un formulario, registrarse, comprar, pagar? Prueba de diez minutos: aparta el ratón e intenta hacer la más importante solo con el teclado.
¿Sabes qué normativa te aplica y sobre qué webs, aplicaciones y documentos? Si te aplica, ¿puedes demostrar que cumples con una evaluación independiente? Y si no cumples, ¿hay un plan con fechas?
¿La accesibilidad forma parte del diseño, los componentes, el desarrollo y la publicación de contenidos, o se arregla cuando alguien se queja? Recuerda que casi nadie se queja.
Si tu respuesta a la primera es «no lo sé», ya tienes por dónde empezar.
La ley decide a quién se puede sancionar. Tu web decide quién se queda fuera.
Fuentes
- WebAIM, The WebAIM Million, 2026 — análisis automático de las páginas de inicio del millón de sitios más visitados.
- Freeney Williams, The Click-Away Pound Report 2019, 2020 — encuesta a compradores online con discapacidad en el Reino Unido.
- Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD), 2022 — personas con discapacidad en España, con datos de 2020.
- Deque Systems, The Automated Accessibility Coverage Report, 2021 — cobertura de las pruebas automáticas contada por volumen de problemas.
- Government Digital Service, auditoría de herramientas automáticas de accesibilidad, citada por The A11Y Project — proporción de problemas que detectan las herramientas.
- Ley 11/2023, de 8 de mayo, BOE — trasposición de la Directiva (UE) 2019/882 de accesibilidad y exención de las microempresas de servicios.