«Que me lo diga un abogado»: lo que la ley de accesibilidad exige a tu web

La frase suele salir en la segunda reunión. Alguien pregunta si la web tiene que ser accesible por ley. Otro contesta que eso es cosa de la Administración, un tercero dice que le suena algo de una directiva europea, y al final alguien zanja el tema: «que me lo diga un abogado». Nadie llama al abogado, claro. El asunto vuelve al cajón hasta que un usuario, una asociación o un concurso público lo saca de ahí, y entonces ya no hay tiempo de decidirlo con calma.

Y pasa justo lo contrario de lo que la gente teme. Aquí se cumple aquello de que ni están todos los que son ni son todos los que están. Hemos visto fundaciones convencidas de que la ley no iba con ellas cuando les tocaba por dos vías distintas, y empresas grandes que habían pedido presupuesto, asustadas, por una obligación que, leída la norma, no tienen. El ruido de quien vende miedo ha conseguido las dos cosas a la vez: que los obligados lo ignoren y que los no obligados paguen.

Así que vamos a poner un poco de orden. Son tres normas, y a cada una se entra por una pregunta distinta: quién eres, qué vendes y dónde estás. Hace un mes contamos por qué la accesibilidad va de personas antes que de leyes. Este artículo es la otra mitad, la que aquel dejó fuera a propósito.

Si tienes prisa, aquí va la respuesta corta. En España, una web tiene que ser accesible por ley si es del sector público o vive de dinero público (desde 2019 y 2020), si vende o contrata con consumidores por internet y quien la tiene no es una microempresa (desde el 28 de junio de 2025), o si lo exige la ley de su comunidad autónoma. En la práctica, eso significa cumplir las pautas internacionales WCAG en nivel AA y, en el sector público, publicar una declaración de accesibilidad y tener un canal para atender quejas.

Primera pregunta sobre accesibilidad, ¿quién eres?

La norma más veterana es el Real Decreto 1112/2018, con el que España aplicó la directiva europea sobre accesibilidad de las webs del sector público. Si eres una Administración, un organismo público, una universidad pública o una entidad que depende de ellos, estás dentro, y desde hace tiempo. Las webs nuevas, desde el 20 de septiembre de 2019; las que ya existían, desde el 20 de septiembre de 2020, y las aplicaciones móviles, desde el 23 de junio de 2021.

Hasta aquí, poca novedad. Lo que casi nadie lee es la disposición adicional primera, que es donde el decreto sale del perímetro público. Ahí se pide a las administraciones que exijan los mismos criterios a las webs y aplicaciones que han recibido financiación pública, a las empresas que gestionan un servicio público por concesión o contrato (el texto menciona en especial los educativos, sanitarios, culturales, deportivos y sociales) y a los centros privados educativos, de formación y universitarios que se sostienen total o parcialmente con fondos públicos. Una escuela concertada, una universidad privada con financiación pública o un parque de investigación vinculado a una universidad pública no son Administración, pero están en la misma lista.

Antes de contestar esta primera pregunta, mira de dónde sale el dinero de tu organización, porque aquí la intuición suele fallar. Si parte de lo que haces lo paga lo público, lo más probable es que ya estés obligado, y desde hace unos cuantos años.

Segunda pregunta sobre accesibilidad, ¿qué vendes?

La segunda norma es la que más tinta ha hecho correr y la que peor se ha explicado. Es la Ley 11/2023, que traslada a España la Directiva (UE) 2019/882, conocida como Ley Europea de Accesibilidad, y su Título I se aplica desde el 28 de junio de 2025. Aquí lo que cuenta es lo que haces. La ley alcanza a quien vende productos o presta servicios a consumidores por canales digitales, como el comercio electrónico, la banca, el transporte, las telecomunicaciones o los libros digitales.

Y lo del comercio electrónico abarca bastante más de lo que parece. Si en tu web alguien se apunta a un curso y lo paga, reserva una plaza, se matricula o contrata un alojamiento, estás prestando un servicio a un consumidor por un canal digital. Una matrícula online es contratación electrónica, aunque tú no te veas como una tienda.

Hay dos matices que desmontan la mitad de las conversaciones alarmistas. El primero es que las microempresas que prestan servicios quedan fuera: si tienes menos de diez trabajadores y tu volumen de negocio o tu balance no pasa de dos millones de euros, la obligación no va contigo. El segundo es para quien haya leído que la obligación era solo para empresas de más de cien trabajadores o seis millones de facturación. Eso salía de otra norma, una disposición de la antigua ley de servicios de la sociedad de la información que la propia Ley 11/2023 derogó en 2023. Quien todavía la cita está estudiando con apuntes viejos.

La ley prevé además una válvula de escape, la «carga desproporcionada». Permite no aplicar un requisito concreto si demuestras con números que cumplirlo te arruinaría. Eso sí, es una excepción que hay que documentar, y no puedes acogerte a ella si has recibido ayudas públicas o privadas para mejorar la accesibilidad. También hay un periodo de transición: los contratos de servicio firmados antes del 28 de junio de 2025 pueden seguir como estaban hasta que venzan, con el 28 de junio de 2030 como fecha tope. Para una web, en la práctica, esto cambia poco, porque lo que ofreces hoy en tu web ya es el servicio que prestas hoy.

El ruido de quien vende miedo ha conseguido las dos cosas a la vez: que los obligados lo ignoren y que los no obligados paguen.

Tercera pregunta sobre accesibilidad, ¿dónde estás?

La tercera capa es la autonómica, y es la que menos gente tiene en el radar. Cada comunidad ha legislado la accesibilidad a su ritmo y, en lo digital, con una profundidad muy distinta. Casi todas tienen su ley de accesibilidad, pero pocas la han desarrollado hasta el punto de decir qué le piden exactamente a una web y qué pasa si no lo cumple.

Cataluña, que es la que conocemos de primera mano, sí lo ha hecho. Tiene la Llei 13/2014 d’accessibilitat y el Codi d’accessibilitat de Catalunya, aprobado por el Decret 209/2023 y en vigor desde el 1 de marzo de 2024. El Codi incluye las páginas web entre los elementos de comunicación que tienen que ser accesibles y da plazos para adaptar las que ya existen. En lo digital no es tan claro como las dos normas estatales, pero, a diferencia de la ley estatal del sector público, trae sus propias sanciones. Enseguida volvemos a eso.

Fuera de Cataluña, la respuesta cambia de una comunidad a otra, y no vamos a hacer como que nos sabemos las diecisiete de memoria. Trabajamos con organizaciones de Galicia, de Madrid y de otros sitios, y en cada caso hemos tenido que leer la norma autonómica con la misma calma que las estatales. Si estás en otra comunidad y no sabes qué te pide la tuya en digital, escríbenos con tu ubicación y lo que hace tu web, y te contamos lo que hemos encontrado, aunque luego no trabajemos juntos. Te ahorras buscarlo a ciegas, y sale bastante más barato que descubrirlo con una reclamación encima de la mesa.

Lo que te piden sobre accesibilidad, traducido

En lo técnico, por suerte, las tres normas acaban pidiendo lo mismo. La referencia europea es la norma EN 301 549, que a su vez incorpora las WCAG, las pautas de accesibilidad que publica el W3C, el consorcio que fija los estándares de la web. La versión que cita hoy el Diario Oficial de la UE es la 3.2.1, que exige cumplir las WCAG 2.1 en nivel AA, el intermedio de los tres que tienen. En septiembre de 2026 salió la versión 4.1.1, que pasa a las WCAG 2.2, y falta que la Comisión la cite en el Diario Oficial; en el sector se espera que llegue antes de que acabe el año. Por eso, si hoy construyes con las WCAG 2.2 AA como referencia, cumples lo que se exige ahora y lo que se exigirá dentro de unos meses. Nosotros trabajamos así de serie, sobre todo para no tener que hacer el trabajo dos veces.

Además del estándar técnico, hay obligaciones de papeleo. El RD 1112/2018 pide una declaración de accesibilidad publicada y al día, un canal para que cualquier usuario avise de problemas y pida un contenido en formato accesible, y una revisión periódica. La Ley 11/2023 pide que expliques cómo cumple tu servicio los requisitos de accesibilidad y que mantengas esa información al día mientras el servicio exista. Parecen detalles, pero una web sin declaración de accesibilidad ni canal de quejas es la primera que detecta un inspector, un usuario o la mesa que evalúa un concurso, y ni siquiera necesitan abrir una herramienta para verlo.

Donde dije multa por no cumplir con la accesibilidad, digo reclamación

Llegamos a la pregunta que suele abrir o cerrar presupuestos, que es qué pasa si no cumples. Depende de la puerta por la que hayas entrado, y hay tres niveles.

El primero es la reclamación, y es el que más se subestima. El RD 1112/2018 no prevé sanciones, y en siete años no ha tenido ni una multa. Lo que tiene es un procedimiento: cualquier persona puede avisar de una barrera, pedir el contenido en formato accesible, reclamar si no le contestan y, al final, acudir al Defensor del Pueblo. Nada de eso es una sanción, pero todo queda por escrito, con fechas, en un expediente que suele reaparecer en el peor momento.

El segundo nivel es la sanción propiamente dicha, y aquí sí hay cifras. La Ley 11/2023 remite a la normativa de cada sector y, donde no la hay, a la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, que va de 301 euros en las infracciones leves a un millón en las muy graves. En Cataluña, la Llei 13/2014 tiene sus propios tramos: hasta 6.000 euros las leves, hasta 30.000 las graves y hasta 300.000 las muy graves. Pero hasta ahora a las webs se les han aplicado poco o nada. Quienes vigilan el cumplimiento de la Ley 11/2023 son las comunidades autónomas, y la maquinaria todavía se está montando. Desde febrero de 2026 hay una unidad estatal, la UTAC, creada por el Real Decreto 143/2026 para coordinar a esas autoridades y recibir denuncias, pero tiene pocos meses de vida. Así que no, en España no se está multando a diestro y siniestro. Ahora bien, dar por hecho que nunca se multará es jugársela con tu dinero.

El tercer nivel no pasa por ningún inspector. En Francia, el 4 de junio de 2026, un tribunal de Caen ordenó a Carrefour hacer accesibles su web y su aplicación en seis meses, con una multa de 500 euros por cada día de retraso. Lo pidieron dos asociaciones de personas con discapacidad y lo decidió un juez, sin que interviniera ninguna autoridad administrativa. En España hay además una vía más discreta y más frecuente, la de los concursos. Cada vez más licitaciones y grandes clientes piden un informe de conformidad de accesibilidad, y quien no lo tiene se queda fuera. Ese contrato perdido no aparece en ninguna estadística de sanciones, aunque se nota igual en las cuentas.

Que me diga otro si soy accesible

Queda saber cómo se demuestra que cumples, y aquí hay dos atajos muy tentadores que no sirven.

El primer atajo es la herramienta automática que te devuelve cero errores. Estas herramientas detectan bien lo mecánico, como el contraste o las imágenes sin texto alternativo, pero no ven nada de lo que pide criterio: el orden en que se recorre la página con el teclado, si el texto alternativo dice algo útil o si un formulario deja tirado en el tercer campo a quien usa un lector de pantalla. El segundo atajo es el widget que se instala en una tarde y promete el cumplimiento, una especie de crecepelo digital. Los organismos de vigilancia europeos lo ven, cada vez más, como una señal de lo contrario.

La vía que funciona es una auditoría manual, con pruebas de uso reales, hecha por alguien que no construyó la web. En el artículo anterior lo dijimos de otra forma: quien construye no debería ponerse la nota. Por eso trabajamos con Tothom Web, una auditora de accesibilidad acreditada como entidad de inspección por ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación. Certifica contra la EN 301 549 y, según nos cuentan, ya tiene la acreditación para la nueva versión de la norma. Nosotros diseñamos, desarrollamos y corregimos, y la auditoría y el certificado los hacen ellos. Si el informe lo firmara la misma empresa que cobra por arreglar lo que el informe encuentra, valdría más bien poco. Y eso también va por nosotros.

¿Tu web está obligada a ser accesible?

Para saber si esto te toca, y cuánto, no hace falta un dictamen. Basta con contestar estas preguntas mirando cómo funciona tu organización en el día a día y, donde la respuesta sea «sí», apuntar la fecha desde la que ya estás obligado.

Si contestas «no» a las tres primeras, respira tranquilo. Aun así, lee el artículo anterior, porque las personas que no pueden usar tu web siguen ahí aunque la ley no te obligue. Si alguna es «sí», ya sabes desde cuándo estás obligado y qué dos documentos te van a pedir primero. Lo que hagas con eso lo decides tú, y no hace falta esperar a que te lo diga un abogado.

Fuentes

• Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, BOE, 2018: ámbito de aplicación (art. 2), extensión a entidades privadas con financiación pública, concesionarios y centros sostenidos con fondos públicos (disposición adicional primera), plazos de aplicación (disposición final quinta) y ausencia de régimen sancionador.
• Jefatura del Estado, Ley 11/2023, de 8 de mayo, Título I, BOE, 2023: transposición de la Directiva (UE) 2019/882, productos y servicios incluidos, exención de microempresas, carga desproporcionada, autoridades de vigilancia y régimen sancionador por remisión (arts. 27 a 30); derogación de la disposición adicional quinta de la Ley 34/2002.
• Unión Europea, Directiva (UE) 2019/882 (Ley Europea de Accesibilidad), 2019: aplicable desde el 28 de junio de 2025, con periodo transitorio para contratos de servicio hasta el 28 de junio de 2030 (art. 32).
• Real Decreto Legislativo 1/2013, Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social: tramos de sanción de 301 a 1.000.000 de euros, aplicables de forma supletoria a la Ley 11/2023.
• Generalitat de Catalunya, Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat y Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya, DOGC: entrada en vigor el 1 de marzo de 2024, páginas web como elementos de comunicación y régimen sancionador (hasta 6.000, 30.000 y 300.000 euros).
• Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Real Decreto 143/2026, de 25 de febrero, BOE, 2026: creación de la Unidad técnica de apoyo y coordinación de las autoridades de vigilancia (UTAC), adscrita a la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad.
• ETSI, CEN y CENELEC, EN 301 549 V4.1.1, 2 de septiembre de 2026: adopción de las WCAG 2.2; la versión citada en el Diario Oficial de la UE sigue siendo la V3.2.1 (WCAG 2.1 AA) a fecha de redacción.
• Tribunal judiciaire de Caen, ordonnance de référé de 4 de junio de 2026 (RG 25/00691), apiDV y Droit Pluriel contra Carrefour France: plazo de seis meses y multa coercitiva de 500 euros por día, recogida por Handicap.fr y Deque.